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15 de noviembre de 2019

La Corte Suprema y el último desaire al gobierno de Macri.

“Ya lo hablaron. Van a ir todos a la jura” , dijo una fuente de la Corte Con Alberto Fernández, por ahora, la relación viene bien.

El Gobierno trabaja para reactivar su plan de transferir a la Justicia el programa de protección de testigos e imputados.

El problema es que cuando falta menos de un mes para el cambio de presidente, los jueces tienen poca predisposición a colaborar con los planes del gobierno saliente.

Sobre todo, en la Corte Suprema. Hace más de dos semanas que el ministro de Justicia, Germán Garavano, le planteó su idea de traspaso al máximo tribunal.

El objetivo del plan es que quienes denunciaron al kirchnerismo no queden bajo su cuidado (hoy, el programa depende del Poder Ejecutivo).

Fuentes de la Corte Suprema dijeron a la nación que ninguno de los ministros mostró interés alguno por el traspaso. Lo hablaron en sus reuniones de los últimos dos martes. “La respuesta fue siempre que no estaban de acuerdo” , dijo un funcionario del tribunal.

Anteayer, el decreto estuvo muy cerca de salir, pero se hizo público el rechazo de los jueces y su arma se postergó.

En un intento de dotarlo, ayer iba a celebrarse una reunión en el máximo tribunal entre Garavano, la Corte y la Cámara de Casación (el tribunal al que el Gobierno quería delegarle el programa).

El encuentro llegó a tener incluso lugar y hora: era en el Palacio de Justicia, a las 16. Pero la Corte lo suspendió.El motivo: “Problemas de agenda”.

Lo que pasó fue que ayer por la mañana el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, envió notas a los demás jueces para convocarlos a las 16. Resultó que todos tenían otros planes.

Ricardo Lorenzetti se iba a Rafaela; Juan Carlos Maqueda, a Córdoba; Horacio Rosatti viajaba al Litoral para una reunión sobre juicio por jurados; Elena Highton no podía por un tema médico. “No tenía sentido que toda la Corte cambiará sus planes para esa reunión.

La posición está muy clara: no estamos de acuerdo. No estamos en condiciones de hacernos cargo del programa, dijeron a la nación en la vocalía de uno de los jueces.

Algún ministro del tribunal sugirió incluso que se reuniera Rosenkrantz solo en nombre de la Corte y después elaborará un memo para los demás. El presidente, con el escenario de desconfianza que reina entre los jueces, decidió no hacerlo.

Se levantó la reunión. La Corte Suprema no ofreció fecha alternativa. Es un gesto más del desinterés de sus miembros por mejorar la relación con la Casa Rosada, un vínculo que está roto desde hace meses.

“Quiero creer que es una Corte independiente, tan independiente que parece opositora”, llegó a decir Garavano, cuando la situación ya no tenía vuelta atrás, después del último fallo contra el Gobierno.

Cuando Macri ya había perdido en las PASO, el tribunal falló por mayoría a favor de 15 provincias y ordenó que los costos de la reducción del IVA y del impuesto a las ganancias que el Presidente había dispuesto por decreto fueran “asumidos con recursos propios del Estado nacional sin afectar la coparticipación”.

La Casa Rosada pidió aclaraciones sobre ese fallo y una audiencia con las provincias. También a eso la mayoría formada por Lorenzetti, Maqueda y Rosatti le dijo que no.

Ahora en el alto tribunal adelantan que difícilmente salga algún otro fallo de relevancia política antes de fin de año.

Los jueces ya están pensando en otra cosa. La cita que sí tienen agendada es la del 10 de diciembre.

“Ya lo hablaron. Van a ir todos a la jura” , dijo una fuente de la Corte Con Alberto Fernández, por ahora, la relación viene bien. Mientras el presidente electo habla de una reforma que tendría como objetivo limitar el poder de los jueces federales de Comodoro Py, dice que la Corte Suprema no requiere modificaciones.

Mientras tanto, en el ministerio de Garavano afirman que no dieron marcha atrás con el proyecto de traspaso del programa de testigos e imputados protegidos.

Ayer, el ministro retomó el diálogo con algunos jueces. Cuentan en los tribunales que en la Cámara de Casación le fue un poco mejor que en la Corte.

Si bien también hay una resistencia al traspaso, en las últimas horas algunos jueces fueron menos críticos del proyecto. Según el Gobierno, el plan oficial no es convencer a nadie y si no firmaron todavía el decreto es porque lo están “armando”.

Los jueces muestran poca predisposición a colaborar con los planes del gobierno saliente.

La cita que la Corte sí tiene agendada es la del 10 de diciembre. “Planean ir los cinco a la asunción de Fernández” , dijo un funcionario del tribunal.

Paz Rodríguez Niell para La Nación

 

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