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12 de agosto de 2019
Santa Cruz, laboratorio y feudo de la hegemonía política kirchnerista.
Santa Cruz ha sido gobernada por los Kirchner a lo largo de varias décadas con consecuencias negativas en todos los campos de su vida pública.

El deterioro de sus instituciones ha sido la principal causa de tamaña decadencia. Ello, pese a su enorme superficie -la más grande de las provincias argentinas luego de Buenos Aires-, riqueza y escasísima población. El proceso se inicia en 1991 con la primera elección a gobernador del expresidente Kirchner. Con la ampliación de 3 a 5 del número de miembros del Tribunal Superior de Justicia y la designación de magistrados vinculados con el sector político de la provincia comienza la cooptación de la Justicia. Así se logró una mayoría automática, tal como había sucedido durante la primera presidencia de Menem.

Carlos Zannini, secretario Legal y Técnico durante las tres presidencias K, se convierte en magistrado del alto tribunal, pese a que con anterioridad había sido ministro y presidente del bloque de diputados justicialistas. El mismo año, una ley dispuso el desdoblamiento de la jefatura del Ministerio Público, que hasta entonces había estado en cabeza del procurador general del Tribunal Superior de Justicia, función que en adelante debía ser ejercida por dos titulares, el fiscal y el defensor ante dicho Tribunal.

La ley, groseramente inconstitucional y en violación de la garantía de inamovilidad, ordena al Tribunal Superior de Justicia que declare la supresión del cargo de procurador general y disponga la cesantía del doctor Eduardo Sosa. La medida fue llevada a cabo por la mayoría oficialista en la Legislatura provincial, bajo la apariencia de una reforma institucional; en realidad, encubría la intención de remover de su cargo a un funcionario que había demostrado profesionalidad, mesura e independencia de criterio. Sosa debió acudir a la Corte Suprema nacional, que en varias oportunidades ordenó que fuera restituido en su cargo. Las autoridades de la provincia se negaron a hacerlo, incumpliendo las decisiones del más alto tribunal del país.

Otro ejemplo de la cooptación del Poder Judicial ha sido la designación de dos magistrados en la Cámara Penal de la Primera Circunscripción, uno de los cuales se había desempeñado como presidente del bloque de diputados justicialista y el otro había sido ministro en varias oportunidades. Romina Mercado, sobrina del gobernador, fue nombrada fiscal y operó como un escudo para impedir la investigación de casos que comprometían a su familia; por ejemplo, la causa de los terrenos fiscales del El Calafate.

La reelección del gobernador es otro aspecto del proyecto hegemónico de gobierno. Santa Cruz, Formosa y Catamarca son las únicas provincias que contemplan la reelección ilimitada del gobernador, lo que le permitió a Néstor Kirchner la permanencia en la titularidad del Ejecutivo por tres mandatos consecutivos. Cuando fue elegido presidente de la Nación acababa de concluir el último, y nada le impedía continuar ad infinitum. Las renuncias de los gobernadores Acevedo y Sancho pusieron de manifiesto que el poder era "prestado" y que entre bambalinas predominaba la voluntad del ex gobernador. Asimismo, la asunción del exgobernador Peralta reflejó esa anomalía, pues sucedió a una acefalía que importó una intervención provincial encubierta.

La reelección del gobernador por una sola vez fue la modificación más importante de la reforma de la Constitución provincial en 1994. La voluntad de perpetuarse en el poder indefinidamente se verá plasmada en 1998 con una nueva reforma que consagra la reelección ilimitada. Esta enmienda se llevó a cabo en violación de las reglas que fija la Constitución para su reforma, que establece un procedimiento similar al que exige la modificación de la Constitución nacional. La necesidad debe ser declarada por el Congreso -en este caso, la Legislatura provincial- con el voto de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros. Luego una convención deberá efectuar la reforma. En aquella ocasión, el oficialismo no contaba con ese número de votos en la Legislatura. Pero eso no fue óbice. La concreción del objetivo se lograría a través de la convocatoria a una consulta popular.

La Constitución santacruceña solo admite la consulta popular para "proyectos de ley que afecten directa o indirectamente las instituciones, los derechos y las garantías de raigambre constitucional nacional o provincial, para su ratificación o rechazo". No se incluye a la reforma de la Constitución, para la cual se prevé un procedimiento especial. El fiscal Marcos Oliva Day presentó una denuncia para que se declarase la nulidad de la convocatoria. La denuncia fue desestimada y el valiente funcionario se vio obligado a renunciar.

Para asegurarse el triunfo en las elecciones, sucesivas reformas fueron destinadas a modificar las reglas antes de cada comicio. Por ejemplo, a través de un sistema electoral amañado de división en circunscripciones "pueblos" y de representación distrital, el oficialismo se pudo alzar con los dos tercios necesarios en la Legislatura para sesionar y sancionar las leyes requeridas por el gobierno. También se recurrió a la ley de lemas.

El cuadro no quedaría completo sin una referencia a cómo se destruyó la libertad de expresión desde el comienzo de la dinastía K. Si de controlar a los medios se trata, hay que buscar las claves de lo sucedido en las presidencias K, en lo que pasaba en los 90 en Santa Cruz. La relación de la pareja presidencial con los medios santacruceños parece un calco de lo que luego sucedería con el periodismo a nivel nacional durante la presidencias K.

Los santacruceños recuerdan que Kirchner, cuando era gobernador, daba conferencias de prensa, pero si una pregunta le molestaba, daba vuelta la cara y dejaba al cronista con la palabra en la boca. Luego las suspendió y cuando quería decir algo llamaba a dos o tres periodistas "amigos". A eso se sumaba el empleo de la publicidad oficial para alinear a los medios. Si los santacruceños se quieren informar solo cuentan con el Canal 9, que es el house organ del oficialismo.

En este entramado debemos mencionar al empresario multimedia Rudy Ulloa Igor. Quien había sido canillita y luego cadete del estudio jurídico Kirchner, se convirtió de la noche a la mañana en el propietario de un multimedia que poseía un diario de distribución gratuita, el periódico Austral, FM El Carmen y las productoras Cielo y Sky. Explotaba la señal de Canal 2 y la producción de Canal 10. De esta forma controlaba los principales noticieros de Río Gallegos, además de haber duplicado las bocas para recibir la publicidad oficial. Hoy los principales medios son de propiedad del vicegobernador y del ministro de Economía.

Santa Cruz se ha convertido en un feudo en el que no existe la división de poderes, la Justicia carece de independencia, los funcionarios políticos y los miembros del Ministerio Público son removidos según la voluntad de los verdaderos depositarios del poder: los Kirchner. Se ha construido un implacable poder hegemónico carente de control e incompatible con los principios republicanos de gobierno, que ha asfixiado la actividad privada y engordado el Estado, principal proveedor de empleo, lo que redunda en un ejército de "clientes". Y sin libertad de expresión.

 

Profesor titular y director de la carrera de posgrado de Derecho Constitucional de la UBA

Por: Daniel Sabsay

 

 


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