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EDITORIAL

21 de noviembre de 2017

Con metáforas financieras Santa Cruz, va camino a hipotecarse con préstamos por décadas…

Editorial Oscar Muñoz, martes 21 noviembre 2017.-

Muchas veces, los economistas se preguntan, viendo la grave situación del fenomenal déficit fiscal y la arbitraria forma de “ajustar” partidas o aplicar gravámenes, que tiene el gobierno nacional de Cambiemos, o la provincia de Santa Cruz, a la hora de compensar, los desequilibrios, que es cada vez, es más frecuente la cuestión a dirimir.  ¿Quién se hará cargo finalmente del imprescindible ajuste?

En esa línea, días atrás el periodista Fernando Laborda, dio cuenta de algunos datos, que a veces no son reconocidos, por aquellos, que dicen, ya pasaron dos años, de Cambiemos, o por caso el ex fpv aquí en Santa Cruz,  no pueden seguir culpando al que gobernó los últimos ocho años consecutivos y terminó en diciembre del 2015.

Cuando se expone este argumento, me viene a la mente, las ideas que se bosqueja y pretendidamente cubren todo: Robaban, pero hacían. No se podía vivir, pero la plata alcanzaba y si no se sacaba en cuotas.

Recién ahora se toma dimensión que se robaron todo, increíble que haya habido tanta corrupción, y que la justicia nunca lo haya advertido.

En realidad, es un rosario, en forma de letanía de justificaciones, todo escriben cartas y denuncian lo que callaban cuando eran ministros o líderes militantes con mucha plata del Estado en sus bolsillos, para usar en forma discrecional, ahora todos son demócratas y nadie vio nada o no se acuerdan en detalle de lo que pasaba en los gobiernos de CFK.

Recordemos que entre los años 2001 y 2016, el número de empleados públicos nacionales, provinciales y municipales pasó de aproximadamente 2.300.000 a 3.600.000, lo cual representa un incremento de más del 56%.

Todo esto, cuando el aumento de la tasa poblacional fue inferior al 20% en ese mismo período. Dos tercios de esos agentes públicos pertenecen al nivel provincial, el 21% corresponde al Estado nacional y el 13% a los municipios. Todos fueron introducidos por los políticos y para ser usados por la política, y en su gran mayoría carecen de capacidad de trabajo.

Para atenuar este desastre de características gigantescas el gobierno nacional, ahora busca mediante un proyecto de ley de responsabilidad fiscal y cuidadas prácticas de gobierno, a implementarse, garantizar la solvencia fiscal de las cuentas públicas por los próximos años.

Para esto y como condición necesaria, deberían los gobernadores mantener constante el gasto primario en términos reales. Esto es, que el gasto público provincial no aumente en proporción mayor a la tasa de inflación.

Aquí, podría decirse que tristemente Santa Cruz, ya ha hecho parte de los deberes, que son su pauta salarial cero durante parte del año 2016 y todo el 2017, para los gremios provinciales, salvo, el poder político y el poder judicial, que se los auto otorgó con las tristemente célebres unidades redistributivas, y el otro con un 10%.

Además, debería no incrementar el número de empleados en el sector público existente al 31 de diciembre de 2017 por encima del aumento de la tasa poblacional en cada jurisdicción.

Salvo que en Santa Cruz, donde el ex fpv, contrato ya, a todos los residuales de la cámpora, kolina y cuánto militante desocupado había en el resto del país, sumando miles de ñoquis al estado, donde la capacidad de cobertura de empleados está totalmente cubierta y saturada.

Para colmo, el peso del Estado en Santa Cruz, no garantiza la eficiencia de la prestación de ningún de los servicios esenciales, la seguridad no existe, la mora en la aplicación de justicia tiene expedientes demorados hace más años y la educación que está totalmente desarticulada, sin conducción y no brindando una calidad mínima que garantice contenidos.

El caer enfermo o necesitar la obra social provincial, se ha configurado en una verdadera lotería de la buena suerte, si sale sorteado por la buena fortuna, se sana. Caso contrario, el no tener la tarjeta ganadora y con premio, solo le queda seguir participando o morir en la espera de lo que la cámpora haga en la CSS.

Todo esto determina que mantener el costoso gobierno de Santa Cruz, que cuenta con un presupuesto multi millonario, no se traduce, ni en salud, ni educación, ni en justicia y mucho menos seguridad. Solo lo disfrutan los funcionarios y ministros políticos del gobierno del ex fpv.

De tanto que se habla, uno de los compromisos que deberán asumir las provincias endeudadas como lo es Santa Cruz, sería no aumentar la presión impositiva legal, especialmente en aquellos gravámenes vinculados con el trabajo, la producción y su financiamiento.

Pero como siempre el gobierno provincial del ex fpv local, ya lo había realizado –dicho esto, por el aumento de los impuestos- con la creación del instituto espía de inteligencia tributario de Santa Cruz y la realización del posterior tarifazo provincial.

Sin lugar a dudas, este supuesto compromiso de los gobernadores para no subir el gasto en términos reales y para no incrementar los cargos públicos por arriba del crecimiento poblacional aparece como insuficiente, si se tiene en cuenta que en 2001 había 36 empleados públicos provinciales por cada 1000 habitantes y que en 2016 ese número llegó a 52.

Esto representa un incremento del 44% en ese período de 10 años y supera holgadamente el porcentaje de aumento de la población total.

Las provincias que, de acuerdo con las últimas estadísticas oficiales disponibles, tienen mayor cantidad de empleados públicos -sin considerar los nacionales y los municipales- son Catamarca (142,8 por cada 1000 habitantes), La Rioja (133,2 cada 1000), Jujuy (112,4 cada 1000), Tierra del Fuego (109,8 cada 1000) y Santa Cruz (104,4 cada 1000).

Y solo como ejemplo comparativo, las jurisdicciones que menor cantidad de empleados públicos tienen son la provincia de Buenos Aires (34,9 cada 1000 habitantes), Córdoba (38,2 cada 1000) y Santa Fe (45,4 cada 1000).

Observemos, ahora que otro de los temas que se esbozan en la nación y que también deberán en algún momento comenzar a ser tratado aquí en Santa Cruz, en una manera seria, dejando de lado, las boberías, es tal vez uno de los grandes problemas que dicen tiene a provincia atravesada y con pocas posibilidades de solventarlas, jubilaciones.

Según datos disponibles el mayor problema del sistema previsional argentino, no pasa tanto por la forma en que se calculan los aumentos en los sueldos de los jubilados, sino otras cuestiones estructurales. Veamos: Mientras que en el año 1966 la expectativa media de vida era en la Argentina de 65,8 años, en la actualidad llega a 76,2 años (80,1 para las mujeres y 72,4 para los hombres).

Del mismo modo, la población mayor de 65 años de edad ha pasado en ese período de 50 años del 11,2% al 24% en nuestros días. En consecuencia, hoy la proporción de aportantes al sistema de seguridad social por cada beneficiario se ha reducido ostensiblemente.

Aunque el Gobierno nacional no lo dicho directamente, estos datos conducen a que, en algún momento, llegará a la Argentina, como ocurre en el mundo, el debate sobre el aumento de la edad jubilatoria, que actualmente es de 65 años, pueda hasta llegarse en forma voluntaria hasta los 70 años.

Pero las urgencias, mandan en Santa Cruz, nada de lo que le preocupa al país, es igual a lo que aquí se vive, lo que debería ser habitual y razonable, se transforma en una necesidad imperiosa.

Según se supo, de manera oficiosa, para pagar sueldos y aguinaldos la provincia debería disponer de unos 800 millones de pesos adicionales, a los que necesita normalmente que son aproximadamente $ 1.600 millones para pagar los salarios mensuales. Recordando que siempre son pagados, en cuenta gotas, fraccionados y en forma arbitraria a los sectores que el ex fpv prioriza.

Además a esta cifra habría que sumar, aunque no hay mucha información confiable, otros 180 millones de pesos, que se remiten a las intendencias para cubrir sus déficit operativos mensuales.

Sin ser un técnico, ni un avezado en cuentas públicas, la suma sencilla daría que el gobierno de Alicia Kirchner debería disponer de unos 2.600 millones de pesos para pagar a todos, jubilados, empleados sus sueldos y aguinaldos.

Hasta lo que se conoce, quedarían pendientes de percibir unos $250M del Banco Nación y otros $300M del famoso fondo fiduciario. Pero de recibirse las dos remesas tampoco alcanzan, faltaría muchísimo dinero más.

Con todo este maremágnum de acontecimientos políticos, es decir no tener gobernador, ni saber qué y porqué se fue del país sin decir oficialmente nada, ahora aparece, otra nueva terminología; antes fueron los deseos de la emisión de bonos en moneda extranjera con jurisdicción legal en otros países, en este momento, rescatan la peor forma, quizás sea la única provincia Santa Cruz, que carece de seguridad jurídica, legitimidad política y consenso social.

En este contexto, entraría en escena el término “préstamo sindicado”. Veamos de qué se trata: Un préstamo sindicado, es un tipo de hipoteca, que es concedida por un grupo de prestamistas y es estructurado, arreglado y administrado por uno o varios bancos comerciales o bancos de inversión, conocidos como bancos organizadores.

Dicho esto, cada uno, de los que escuchan, saquen sus propias conclusiones, quienes serán los que prestaran y bajo qué condiciones lo harán, a una provincia como Santa Cruz, a la que nadie serio y normal le facilita ni un centavo.

Sumado a que en la city financiera de Bs As, todos ya conocen, que no requerirá autorización de la cámara de diputados, dado que sigue vigente la bochornosa sesión, donde con la complicidad de la policía provincial, se echó a la oposición para aprobar entre las sombras la emisión de bonos por los recordados 10 mil millones de pesos que nunca lograron conseguir.

De todas formas, aunque algunos no se hayan dado cuenta acabadamente, como provincia, no somos nada, ni importamos. Mientras aquí algunos juegan a la política basura y se pavonean de estar analizando con un gobernador fantasma, que está ausente, sin aviso y con paradero desconocido, el pacto fiscal con el gobierno nacional.

La mirada tan obtusa de esta dirigencia política provincial, tanto del oficialismo como de la oposición, no los hace mensurar del desastre en el que se desenvuelve Santa Cruz.

Parece que nadie quisiera reconocer que todos los caminos terminan confluyendo al mismo lugar: ¿qué margen de maniobra le queda al gobierno de la provincia, para hacerse los exigentes y no querer firmar el acuerdo?

¿Qué tiene para mostrar de buena práctica de gobierno Alicia Kirchner y sus ministros? ¿Puede seguir funcionando la provincia dentro de este descontrol y con esta crisis de financiamiento en sus servicios básicos y esenciales?

Definitivamente NO, con lo cual, más temprano que tarde y dejando de lado las fanfarronadas de los políticos berretas de unidad básica, Santa Cruz, deberá firmar el acuerdo fiscal con el gobierno nacional y comenzar a cumplir, caso contrario, el camino que resta hasta el 2019 será un verdadero calvario para el ciudadano de a pie…

Que Dios ayude al ciudadano santacruceño…   

 

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