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14 de noviembre de 2017

Investigan desvío de fondos para tratar residuos, en Río Gallegos es un foco de irregularidades

Claudio Bonadio, Juez Federal: El titular del Juzgado Federal Nº 11 tiene a su cargo la causa por irregularidades en el programa de residuos. El fiscal es Carlos Rívolo

Los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández , Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich ya pasaron por el juzgado de Claudio Bonadio para comparecer en indagatoria en una causa en la que se investiga la presunta malversación de casi 600 millones de pesos correspondientes a transferencias a municipios por el programa Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu). El dinero no llegó adonde debía. Ahora, el próximo paso en el expediente es convocar a unos 90 intendentes para que cuenten cuál fue el destino del dinero.

El foco de la investigación apunta hacia el papel que jugaron los jefes comunales. Según pudo saber LA NACION de una fuente judicial al tanto de la causa, "claramente, se están estudiando" estos llamados, para "una segunda tanda" de indagatorias.

Las citaciones a los intendentes tendrán por objetivo "saber dónde está la plata que no está en las tareas proyectadas" en el plan de residuos, contó a LA NACION una fuente tribunalicia. Las convocatorias a los intendentes comenzaran a llegar antes de fin de año.

El expediente comenzó con una denuncia el año pasado del director general de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Ambiente, Martín Bolado, tras una auditoría que encararon en el ministerio sobre los fondos del programa Girsu. La investigación la lleva adelante el fiscal Carlos Rívolo.

En la auditoría, según consta en un resumen de la causa al que accedió LA NACION, se concluyó que, entre 2013 y 2015, el programa "funcionó con serias deficiencias de control interno, que posibilitaron una arbitraria y desigual distribución de fondos".

La denuncia se circunscribe a los municipios de Quilmes y Río Gallegos y a 29 distritos de la provincia de Chaco, pero la fiscalía recomendó el análisis de todas las transferencias a los distritos beneficiados por este programa. Por ello pidió un "relevamiento del resto de los 194 expedientes".

El análisis alcanzó 120 municipios y alrededor del 75% (unos 90 distritos) tuvieron irregularidades, como la falta de un "mapa crítico" para identificar lugares "vulnerables"; la aprobación de proyectos sólo a partir de trámites administrativos; la falta de control interno en la ejecución de planes, y las solicitudes de comunas que no reunían los requisitos, pero igualmente recibieron giros de dinero.

Río Gallegos es un foco de irregularidades. Según pudo conocer LA NACION de fuentes al tanto de la pesquisa, en 2015 le giraron al municipio $ 25.176.903,60. Rindió gastos por $ 25.409.735. Pero antes de que se aprobara la rendición, la intendencia solicitó $ 59.455.148 más. En octubre, la Secretaría de Ambiente le transfirió $ 34.278.245. En una visita de la Sigen pedida por la fiscalía se comprobó que en Río Gallegos "no se mejoró la situación del tratamiento de los residuos sólidos urbanos" y que los proyectos que se preveían eran inviables. Pero la plata se transfirió.

En Quilmes, personal de la Sigen constató, con una visita el 4 de febrero, que no se construyó una planta de separación y clasificación de residuos urbanos prevista con fondos del programa. "El director del proyecto adjuntó una declaración jurada manifestando que los fondos entregados [$ 10.588.780] no habían sido utilizados", se apuntó en la causa.

La investigación apunta hacia los intendentes, algo que Capitanich, al presentarse ante Bonadio, abonó. El 1º de noviembre dejó un escrito y planteó que los "responsables" de la ejecución fueron los jefes municipales. La Jefatura de Gabinete era responsable de la transferencia de fondos. Entre 2013 y 2015, Ambiente era una secretaría que dependía de la Jefatura de Gabinete. Capitanich fue ministro coordinador entre noviembre de 2013 y febrero de 2015. En 2014, según determinó una auditoría que realizaron Ambiente y la Sigen, se giraron $ 275.065.082 a 64 municipios, de los cuales 49 eran de Chaco, provincia que gobernó Capitanich, actual intendente de Resistencia. El 29,4% de los fondos totales del programa fue a municipios chaqueños.

En 2013, los giros a municipios fueron por $ 182.856.775; en 2015, por $ 132.215.069. En los tres años bajo la lupa se acumuló un total de $ 590.136.927.

Una auditoría del Ministerio de Ambiente sobre los municipios chaqueños incluidos en el plan concluyó que no se justificaron "los criterios técnicos y valorativos para otorgar más de $ 173 millones [el mayor gasto del programa] a una provincia que en conjunto genera el 0,81% de los residuos sólidos urbanos a nivel nacional". En el caso del municipio chaqueño de Santa Sylvina, "se hace mención al reciclado de residuos patológicos, que son controlados por otra legislación", dice el informe.

El 30 de octubre declaró Abal Medina, jefe de Gabinete entre diciembre de 2011 y noviembre de 2013. Presentó un escrito en el que explicó sus "competencias y accionar" con los fondos.

Aníbal Fernández, investigado en la causa por su segundo período como jefe de Gabinete, que comenzó en febrero de 2015, declaró el 18 de octubre. Contestó preguntas, cuestionó la denuncia y negó irregularidades.

Entre las deficiencias relevadas en el expediente están las del municipio bonaerense de General Belgrano. Una visita de personal de la Sigen constató que "la disposición final de los residuos sólidos se llevaba a cabo en una cava, sin las mínimas condiciones de higiene, seguridad y prevención de contaminación".

Protagonistas del expediente

Juan Manuel Abal Medina, ex Jefe de Gabinete: Declaró en indagatoria el 30 de octubre. Presentó un escrito en el que explicó sus "competencias y accionar" con los fondos del programa

Aníbal Fernández, ex Jefe de Gabinete: Declaró el 18 de octubre en esta causa, ante el juez Claudio Bonadio. Contestó preguntas, cuestionó la denuncia y negó irregularidades en el plan

Andrés Meiszner, ex Jefe de Gabinete de Asesores: Su indagatoria fue el 24 de octubre. El ex director del Renar fue uno de los cuatro jefes de asesores de Ambiente convocados por el juez

Jorge Capitanich, ex Jefe de Gabinete: Presentó un escrito en su indagatoria del 1º de noviembre. Responsabilizó a los intendentes que recibían los fondos por el manejo del dinero

Juan José Mussi, ex Secretario de Ambiente: Declaró el 27 de octubre por escrito. Antes había sido intendente del partido de Berazategui.

Fuente: La nacion.

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