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19 de julio de 2017
Una nueva irregularidad alcanza a funcionaria funcional al kirchnerismo.
Sospechas de corrupción, tras licitaciones desiertas y cambios en el pliego, se pagó 42 millones de pesos. El presupuesto era de 31 millones.

Los miembros de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) trabajan en un edificio ubicado en el número 545 de la calle Perú. Su jefa es la fiscal Mónica Cuñarro. La DATIP depende de la Procuración General de la Nación (PGN), al mando de Alejandra Magdalena Gils Carbó. ¿La noticia? Que la esencia institucional de esa Dirección parece contradecirse con el modo con el que el Estado Nacional compró el inmueble en el que funciona ese organismo. El proceso de esa adquisición fue objetado en puntos sensibles y llamativos por informes internos de asesores de Gils Carbó. Son similares a los puntos críticos por los que la Procuradora deberá declarar como imputada en una causa judicial en la que se la investiga por delitos de corrupción en la posible compra irregular de otro edificio, el Petit Hotel de Perón 667, donde en el 2013 mudó la Procuración General de la Nación. Las compras de los dos edificios se hicieron cuando la Justicia aún no investigaba a la primera operación, realizada entre 2012 y 2013. La trama administrativa sobre la segunda adquisición de un inmueble, cuestionada por los especialistas de la PGN, se empezó a tramitar un año después. Esa operación es una de las tantas que conforman los argumentos del juicio político que la diputada nacional Elisa Carrió pidió iniciarle en el Congreso a la Procuradora General de la Nación. El expediente de la PGN, que trató el tema con señalamientos a los modos con el que se estaba tramitando, está identificado con el nombre de A 9053/2014. Su “iniciador” fue Aldo Formento, subdirector Adjunto de la Secretaría General de Administración. En ese momento, el ente se llamaba Dirección de Apoyo Técnico a las Investigaciones Fiscales. La última palabra se modificó después a “Penales”. Los objetores remarcan la falta de idoneidad de quienes realizaron las dos licitaciones públicas que se necesitaron para comprar el edificio de la DATIP. Se señalaron cambios de precios entre ambas licitaciones sin justificación alguna. La propiedad tuvo un costo final para el fisco de 42 millones de pesos. Pero el área de arquitectura de la PGN había señalado en un principio que una compra similar podría concretarse a partir de los 31 millones de pesos. En los mismos escritos se alerta sobre una modificación del “objeto” de la licitación. E incluso un cambio de zona donde se había determinado que debía buscarse el inmueble para hacerlo más funcional al sistema judicial, sin que haya argumentos sobre ese salto geográfico notable. Además, y sobre todo, en el expediente interno de la PGN sobre el este caso quedó expuesto que Gils Carbó había adjudicado en el presupuesto 1.266.000 pesos para pagar una comisión inmobiliaria. Aun así, en el pliego de la licitación, la PGN había alertado en un texto en mayúsculas escrito dentro de un cuadro y en negrita, estas dos frases seguidas, una reemplazante de la otra: “EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL -PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN- NO RECONOCERÁ COMISIÓN INMOBILIARIA ALGUNA, NI COMISIÓN DE NINGÚN OTRO TIPO. EN CASO EXCEPCIONAL EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN- RECONOCERÁ COMISIÓN INMOBILIARIA LA QUE DEBERÁ ESTAR EXPLICITADA EN LA OFERTA”. El pago de comisiones inmobiliarias en compras de edificios financiados por los contribuyentes ya le trajo problemas judiciales a Gils Carbó. Ese es uno de los puntos críticos por lo que el 31 de agosto declarará como imputada en la causa que orientan el juez Ercolini y el fiscal Taiano. La hipótesis de los investigadores, basada en abundantes pruebas documentales y testimonios, es que la licitación para la compra de ese edificio (el de Perón 667) fue dirigida para beneficiar un determinado vendedor, pero sobre todo también a dos gestores inmobiliarios que sabían de antemano quién ganaría la oferta. Ambos cobraron más de 7,.7 millones de pesos por ese asesoramiento exitoso. Se lo repartieron en partes desiguales. Uno de los “gestores”, Eduardo Thill, era hermano de quien armó la licitación oficial, Daniel Bellingui. En ese caso, Gils Carbó se defiende diciendo que ella no tuvo nada que ver con ese pago sospechoso, aceptó irregularidades pero deslinda responsabilidades en su funcionario. El caso del edificio de la DATIP, en cambio, la tiene a ella como eje central de las decisiones. Como se dijo, las licitaciones para comprar el edificio de la DATIP fueron dos. La primera quedó desierta. En ella, el “objeto” era la adquisición de un “inmueble ubicado en una franja de 400 metros anexa a la Avenida General Paz, dentro de la Ciudad de Buenos o en partidos del conurbano bonaerense”. El área de Arquitectura de la PGN había determinado la preferencia de un edificio en una zona de buena conectividad. El lugar debía tener alrededor de 5 mil metros cuadrados, más cocheras, salas de máquinas, y otros espacios al aire libre. Según el estudio de ese sector de la PGN, firmado por el arquitecto Máximo Salustri, “considerando la hipótesis de mínima superficie descrita” se podría estimar un “presupuesto de 30.650.000 pesos. Como dijimos, esa licitación quedó desierta. La segunda, no. La PGN terminó pagando 42 millones de pesos. La DATIP está hoy ubicada en pleno microcentro de la Capital Federal, muy alejada de donde se la había planeado organizar antes. La empresa que le vendió al Estado ese inmueble fue S.K.F Argentina S.A. Esta segunda licitación pública también recibió cuestionamientos de funcionarios de la PGN. Son varios los dictámenes del área de legales en los que se advierten irregularidades, y se pide modificarlas, algo que en la mayoría de los casos no se hizo. Por ejemplo, uno de los señalamientos es justamente el cambio de zona de búsqueda del edificio a comprar. La sección de Arquitectura debió readecuar los barrios en los que podían encontrarse otros edificios. En una segunda opinión, se amplió la búsqueda a “vías de acceso rápidas a la Ciudada Autónoma de Buenos Aires o y/o partidos del conurbano bonaerense”. Ya en la segunda licitación, tal como se había advertido en un papel de Legales de la PGN, eso se había cambiado por completo: el inmueble a comprar podía encontrarse “dentro la ciudad autónoma de buenos Aires o el primer cordón del conurbano”. A eso se le sumaron otras “desprolijidades”. En un escrito fechado el 8 de julio del 2015, se señala que “se advierte que tanto la certificación de la disponibilidad presupuestaria como la afectación preventiva se han efectuado por un monto equivalente al precio estimado, que resulta ser inferior al monto por el cual se adjudicará (el edificio de DATIP a S.K.F S.A), debiendo acompañarse las constancias por el monto total por el cual se apruebe la presente licitación”. En resumen: Gils Carbó había presupuestado menos dinero del que tenía para comprar un nuevo edificio al Ministerio Público, algo contrario a las normas. En Legales de la PGN se había objetado, además, a la “Comisión de Recepción” de la contratación, porque no reunía “los recaudos exigidos por resoluciones del propio organismo. Los “errores” relativos a las normas que rigen las licitaciones públicas de la PGN obligaron a los asesores jurídicos de Gils Carbó dejar asentado que se le “debe advertir” a la Procuradora que era ella “la autoridad competente para la aprobación de la presente licitación”. Con el tono sutil pero categórico con el que son capaces de redactar algunos abogados del Estado, los consejeros de Gils Carbó le explicitaron que debía ser ella quien decida con su firma y validar la compra del edificio para la DATIP. Fue porque correspondía “efectuar ciertas consideraciones” relacionadas a “cuestiones técnicas a la autoridad normativa con competencia asignada por la ley”. Alejandra Magdalena Gils Carbó aprobó la compra del edificio de Perú 545. Por Nicolás Wiñazki Fuente: Clarín.


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