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28 de junio de 2017
Invitan a Santa Cruz, Mendoza, San Juan, La Pampa, Tucumán, La Rioja y Formosa a adherirse a la ley de información pública nacional.
El acceso a la información pública es un desafío federal y el ministro del Interior Rogelio Frigerio, invitó a todas las provincias a que adhieran a la ley de acceso a la información pública, que obliga a los funcionarios a darles a los ciudadanos la información que soliciten.

Siempre que sea de interés público. Sobre la importancia de que las provincias adhieran a esta norma opinó para Télam la subsecretaría de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, Marina Carbajal, la responsable de enviar la misiva a los gobernadores solicitando la adhesión.

El derecho de acceso a la información pública es una de las condiciones indispensables para el adecuado funcionamiento de un régimen republicano de gobierno, impulsa la participación ciudadana, colabora en el control activo de las acciones de gobierno, reduce la corrupción y mejora la calidad de las instituciones. En este sentido, el derecho de acceso a la información pública permite, entre otras cosas: Construir y promover un diálogo informado entre gobernantes y gobernados, garantizar el efectivo ejercicio de otros derechos, y desarrollar una democracia y una gestión pública transparente, legítima y eficiente.

Uno de los compromisos asumidos por el presidente Mauricio Macri desde la campaña electoral fue abrir el Estado, elevar los estándares de transparencia, y fomentar el control ciudadano. Al asumir en la Subsecretaría de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, nos pusimos como uno de los principales objetivos impulsar hasta convertir en ley el Acceso a la Información Pública, uno de los pilares para el desarrollo de una sociedad democrática.

Paralelamente, éramos conscientes de que debíamos modificar la cultura que reinaba en el Estado. Muchos funcionarios y empleados sentían que no tenían la obligación de rendir cuentas ni dar explicaciones ante los ciudadanos. Si bien desde 2003 un decreto regula el Acceso a la Información en el Poder Ejecutivo Nacional, durante 12 años la regla no escrita fue el ocultamiento. Si desde lo más alto del poder se falseaban las estadísticas públicas como se hacía en el INDEC, ese era el ejemplo que se bajaba hacia los rangos inferiores. Incluso, era una práctica corriente que algunos "vivos" con contactos dentro del Estado, consiguieron información pública que luego cobraban a empresas y particulares. Al abrir la información, también terminamos con esos "quioscos".

En tanto saliera la Ley, debíamos capacitar a toda la estructura estatal involucrada para que se respondiera correctamente y se cumplieran los plazos. Pero además, era primordial construir un canal que facilitara e igualara el derecho de solicitar información a todos los ciudadanos del país. Al momento de asumir el nuevo gobierno, las opciones para presentar una solicitud eran enviarla por correo -corriendo el riesgo de que se extraviara-, o acercarse a la mesa de entrada de los organismos, con la dificultad de que la mayoría de ellos se encuentran en la ciudad de Buenos Aires.

Con ese objetivo fijado trabajamos y desarrollamos una herramienta para que todos cuenten con el mismo derecho de pedir información: la solicitud de acceso a la información pública vía web, a través de Trámites a Distancia (TAD). Ahora todos los argentinos, independientemente de dónde vivan, pueden enviar su pedido de información por internet, (www.mininterior.gob.ar/acceso), hacer el seguimiento del estado del trámite, y hasta contactarse con la persona responsable de enviar la respuesta.

La decisión política del presidente Mauricio Macri y del ministro Rogelio Frigerio, fue clave para que el proyecto pudiera concretarse, como así también lo fue el soporte y el desarrollo del equipo del Ministerio de Modernización.

Finalmente, el 28 de septiembre de 2016 fue sancionada la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública por amplia mayoría en el Congreso y comenzará a regir a partir de octubre de este año en todos los poderes del Estado.

En su artículo 36, la Ley, invita a las provincias a adherir. Si bien la mayoría cuenta con algún tipo de legislación local sobre acceso a la información, algunas carecen de esta herramienta. Ese es el caso de Santa Cruz, Mendoza, San Juan, La Pampa, Tucumán, La Rioja y Formosa. Por eso, tras realizar un relevamiento detallado de la legislación a nivel provincial enviamos una invitación en ese sentido a los gobernadores e instamos a las restantes 17 provincias a adecuar sus normativas.

Esta es una invitación a construir todos juntos instituciones que perduren y a fortalecer la democracia. Es una oportunidad para dejar definitivamente atrás la cultura del ocultamiento y regenerar los valores republicanos en todas las jurisdicciones. Hoy más que nunca, los ciudadanos quieren "saber de qué se trata" y todos quienes circunstancialmente ocupamos un cargo público no debemos olvidar que somos sus empleados y es nuestra obligación rendir cuentas, sin importar el ámbito donde nos toque ejercer.

 

Fuente: Marina Carbajal - TÉLAM

 


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