Abogada Yamila Borquez explica caso del diputado Españon
En una entrevista exclusiva, la abogada Yamila Borquez, defensora del diputado Fernando Españon, reveló detalles sobre las controversiales causas judiciales y los pedidos de desafuero que enfrenta su cliente. La letrada expresó preocupación por numerosas irregularidades procesales que, según ella, obstaculizan una adecuada defensa y comprometen el debido proceso.
La abogada Yamila Borquez aclara su rol y las causas judiciales
«Soy la abogada defensora del señor Fernando Españon. Soy abogada penalista, no soy de la Cámara de Diputados», aclaró Borquez al inicio de la entrevista, desmintiendo cualquier vinculación institucional. La profesional explicó que asumió la defensa del diputado hace aproximadamente dos meses, interviniendo en expedientes que ya tenían un largo recorrido judicial.
La letrada detalló que en el expediente de la Cámara Criminal, por el cual se solicitó el primer desafuero, existen varias causas acumuladas que fueron tramitadas inicialmente ante la justicia de Río Turbio. «Se realizaron los dos juicios en el juzgado de Río Turbio y luego son elevados a Cámara para su juzgamiento ante la Cámara Criminal de Río Gallegos», explicó. Ante esta situación, el presidente de la Cámara, el doctor Llanse, solicitó el desafuero del diputado para poder avanzar con el juzgamiento.
Las inconsistencias en el proceso contra el diputado que señala la abogada Yamila Borquez
Durante la conversación, Borquez señaló una serie de incoherencias procedimentales que considera preocupantes. Una de las más notables es el cambio de criterio en el tratamiento de las causas: «En una de las causas fue procesado ya siendo diputado y sin que se pidiera el desafuero. Esa es la primera incoherencia que encontramos», afirmó.
La abogada explica que mientras algunas investigaciones se iniciaron cuando Españon no era diputado, el procesamiento se produjo cuando ya ostentaba el cargo legislativo, sin que mediara un pedido de desafuero. Este expediente fue posteriormente elevado a la Cámara Criminal, instancia en la que sí se solicitó el desafuero.
«Ahora hay un nuevo pedido de desafuero de una nueva causa que está en su trámite, suponemos, incipiente, porque no hemos tenido ningún tipo de acceso a la causa», agregó Borquez, señalando que ahora la justicia está pidiendo el desafuero antes de proceder con la indagatoria, lo que representa un cambio de criterio respecto a procedimientos anteriores.
La defensa del diputado y las dificultades que enfrenta la abogada Yamila Borquez
Uno de los mayores obstáculos que enfrenta la defensa, según relató Borquez, es la imposibilidad de acceder a información crucial sobre las causas. «Nos presentamos a la audiencia, viajamos a Río Turbio, y ahí se nos informó de que no se iba a tomar la indagatoria porque iban a pedir el desafuero en primer lugar», comentó la abogada.
Esta situación vulnera, según su criterio, derechos fundamentales: «Yo pido el acceso a la causa, que es un derecho de cualquier ciudadano que esté imputado por un delito conocer la acusación, sea diputado o sea un ciudadano común de a pie», enfatizó. La letrada calificó como «gravísimo» el hecho de que su cliente no conozca la acusación en su contra y que el sumario esté reservado, mientras la investigación avanza y se producen pruebas sin posibilidad de ejercer el derecho a la defensa.
«Institucionalmente es gravísimo lo que está pasando. Más allá de las cuestiones políticas, que es política, yo ahí no me meto porque no es mi área, pero sí procesalmente y técnicamente hay un montón de irregularidades», subrayó Borquez.
El estado actual de las causas y la posición del diputado según la abogada Yamila Borquez
Consultada sobre el estado actual de las causas y la situación de los fueros parlamentarios de su defendido, Borquez aclaró que las denuncias de la causa en Cámara son anteriores a su designación como diputado, pero el procesamiento y el pedido de juicio oral se produjeron cuando ya ocupaba el cargo legislativo.
«La Cámara antes de proceder tiene que cumplir con el desafuero porque si eventualmente recayera una sentencia condenatoria, tiene que tener la posibilidad de que esa pena se cumpla. Y mientras esté con la inmunidad de arresto no es posible», explicó la profesional.
Respecto a las causas en Río Turbio, la abogada manifestó no poder precisar si corresponden a la época en que Españon era intendente o son más recientes, dado que no tienen acceso al expediente: «Como no tenemos acceso a la causa, estoy igual que usted. No tengo ningún tipo de información», lamentó.
La postura profesional de la abogada Yamila Borquez ante las irregularidades
Hacia el final de la entrevista, Borquez fue consultada sobre la actuación del fiscal de Estado y del Consejo de la Magistratura ante las irregularidades detectadas. Si bien evitó entrar en detalles específicos, compartió su posición personal frente a situaciones similares.
«Cuando tuve que denunciar irregularidades solita, con mi espalda y asumiendo la exposición que eso implica, denuncié. Inclusive a una de las magistradas de Río Turbio y tuve una respuesta favorable del Tribunal Superior respecto a esa denuncia», reveló la letrada, sin mencionar nombres específicos.
La abogada Yamila Borquez concluyó enfatizando la importancia de la responsabilidad profesional y social: «Creo que cada uno, desde el rol que tiene, tiene que asumir la responsabilidad profesional y social del cargo y de los intereses que representa. Y tiene que ponerse a la altura de las circunstancias y denunciar las irregularidades».
La complejidad del caso y el sistema judicial de Santa Cruz
El caso del diputado Fernando Españon ha puesto de manifiesto las complejidades y posibles deficiencias del sistema judicial de Santa Cruz. Durante la entrevista, se mencionó un reciente conclave en la Asociación de Abogados donde jueces de otras provincias quedaron «absortos» ante la situación de la justicia penal santacruceña.
«Es muy grave y es una lucha diaria en los que litigamos. Yo soy abogada litigante hace muchos años, me esfuerzo y trabajo para que las cosas funcionen y es cuesta arriba», manifestó Borquez, reflejando la dificultad de ejercer la profesión en un contexto donde las garantías procesales parecen no respetarse adecuadamente.
La abogada Yamila Borquez también señaló que el caso tiene dimensiones que trascienden lo estrictamente jurídico: «Entiendo yo, que se utiliza políticamente de un bando y de otro bando». Sin embargo, enfatizó que su interés principal es que todas las partes involucradas puedan acceder a la justicia: «Yo creo que acá todos queremos que se someta a un juicio justo a la cuestión, yo quiero que mi cliente pueda defenderse y también entiendo que las personas que denunciaron las presuntas víctimas quieren acceder a la tutela judicial efectiva».
La renuncia a los fueros y la postura del diputado Fernando Españon
Un aspecto relevante mencionado por la abogada Yamila Borquez es la disposición de su cliente a enfrentar la justicia: «Mi cliente está a derecho, mi cliente se puso a disposición de la justicia, de hecho, más allá del trasfondo político, él ya renunció a sus fueros porque quiere ser juzgado con las garantías que corresponden», afirmó.
Esta declaración contradice la percepción de que el diputado está utilizando sus fueros para evadir la justicia, como se sugirió durante la entrevista. Según Borquez, Españon ha mostrado voluntad de someterse a un proceso judicial, siempre que este se desarrolle con las garantías procesales correspondientes.
La situación actual representa un desafío tanto para la defensa como para el sistema judicial de Santa Cruz, ya que involucra cuestiones de inmunidad parlamentaria, debido proceso y garantías constitucionales que afectan no solo al diputado Fernando Españon, sino que sientan precedentes para futuros casos similares.
Los procedimientos judiciales cuestionados y el papel de la jueza Bustos
Durante la entrevista, se mencionó el rol de la jueza Bustos en el inicio de los problemas judiciales que enfrenta el diputado Fernando Españon. Si bien la abogada Yamila Borquez no profundizó específicamente en las acciones de esta magistrada, sí confirmó que existen irregularidades significativas en la tramitación de las causas.
Entre estas irregularidades, la letrada mencionó la existencia de «recursos sin resolver» y la elevación de expedientes a Cámara con procesamientos que no están firmes: «Hay un recurso de queja ante el Tribunal. O sea, irregularidades procesales, un montón», expresó.
Estas anomalías procedimentales dificultan el trabajo de la defensa y, según Borquez, impiden que el proceso se tramite conforme a derecho. La situación plantea interrogantes sobre la imparcialidad y el profesionalismo con que se están llevando adelante estas causas judiciales.
El impacto en el sistema democrático y la separación de poderes
El caso del diputado Fernando Españon trasciende lo meramente judicial para convertirse en un asunto institucional que afecta la separación de poderes. Como representante electo, Españon goza de inmunidad parlamentaria, una protección constitucional diseñada para garantizar la independencia del Poder Legislativo frente a posibles presiones de otros poderes del Estado.
La abogada Yamila Borquez, sin adentrarse en valoraciones políticas, señaló la gravedad institucional de la situación: «Es gravísimo e institucionalmente es gravísimo lo que está pasando». Esta afirmación subraya la preocupación por el respeto a los procedimientos constitucionales que deben seguirse cuando se investiga a un legislador en ejercicio.
El equilibrio entre la necesidad de investigar posibles delitos y el respeto a las inmunidades parlamentarias representa un desafío para cualquier democracia. En este caso particular, las irregularidades procesales denunciadas por la abogada añaden un nivel adicional de complejidad al asunto.
Reflexiones finales sobre justicia y garantías procesales
La entrevista con la abogada Yamila Borquez deja importantes reflexiones sobre el estado actual de la justicia en Santa Cruz y los desafíos que enfrentan quienes buscan un proceso judicial justo y transparente.
La letrada enfatizó su compromiso con la profesión y con la defensa de las garantías procesales: «Soy una abogada litigante que me gusta hacer las cosas bien y que quiero que mis clientes estén bien representados. Y que tengan un juicio justo. Después la justicia resolverá si son culpables o inocentes».
Este caso pone de manifiesto la importancia de contar con instituciones judiciales que funcionen adecuadamente y con profesionales comprometidos con el Estado de Derecho. Como señaló Borquez, cada actor del sistema judicial debe «asumir la responsabilidad profesional y social del cargo y de los intereses que representa».
En definitiva, más allá del resultado final de las causas contra el diputado Fernando Españon, lo esencial es que los procedimientos respeten las garantías constitucionales y que todas las partes involucradas puedan ejercer plenamente sus derechos.
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