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10 de octubre de 2018
Acceso al San Benito y calle 13, la mentira de Pablo Grasso en números
La obra que tomó a cargo el IDUV la dio por concluida el 13 de junio de 2018, inaugurada por Pablo Grasso, junto al Vicegobernador Pablo González, concejales del FPV y funcionarios que cortaron cintas, con caras sonrientes y muchos discursos alegóricos.

El acceso al barrio San Benito y Calle 13, es una obra que tomó a cargo el IDUV la dio por concluida el 13 de junio de 2018, fue inaugurada por Pablo Grasso, presidente del Instituto, junto al Vicegobernador Pablo González, concejales del FPV y funcionarios provinciales que cortaron cintas, con caras sonrientes y muchos discursos alegóricos a lo bien que le va a Santa Cruz con un presidente en el instituto de la vivienda, tan proactivo que no deja obra por hacer (e inventar).

Lo cierto es que seis días después el asfalto comenzó a levantarse y se desnudaron las fallas de construcción, que tuvo a su cargo la empresa Bettel Consultora SRL, amiga de Grasso, casualmente la que se hace cargo de todas las licitaciones del IDUV (o al menos al mayor cantidad de ellas) cuyo titular el Ing Mauricio Collareda, proviene del staff de Lázaro Baéz y está investigado por la justicia por sobreprecios en la obra pública.

En el momento en que se despejaron las nubes del discurso fácil y la promesa de “mayores obras” aún resonaban en los micrófonos comprados por Grasso o aparecían en los diarios del gobierno, los vecinos veían cómo se quedaban sin acceso y es más, todo lucía peor que cuando los autos debían maniobras peligrosamente para ingresar al barrio. Al menos antes no había asfalto roto.

Disparada la novedad, Pablo Grasso no supo qué hacer mediáticamente. Llegó a decir que la obra no había sido certificada por el IDUV, algo realmente insólito que vamos a rebatir en este informe. Pues, si como dijo Grasso no hubo certificación de la obra, debiera explicar cómo generó el pago de más de 5.6 millones de pesos que arrojó su costo.

Rápidamente Grasso mandó a explicar al ruedo mediático al Inspector del IDUV Daniel Báez, quien hizo eslalon entre verdades y mentiras, para amortiguar la crítica pero, fundamentalmente, tratando de tapar las irregularidades en las que incurrieron desde el Instituto, al pagar el total de la obra sin haber controlado la calidad. Sin embargo, las fuentes de las que se nutre OPI para realizar este informe fueron claras “Grasso sabía y además lo combinó de antemano con Collareda, el tipo y la cantidad de material que iban a poner, donde se cobraron trabajos que no se hicieron y se mezquinó todo tipo de calidad en la obra para quedarse con un margen mayor de plata”, indicó nuestro confidente y agregó “el problema es que la obra fue tan mal hecha y tan débil el material usado, que no duró más de 6 días”.

Esto, funcionó como un bumerang para Grasso, que está embarcado en una precampaña política, usando la obra pública como nexo, especialmente con los barrios más carenciados. En este caso, los vecinos del San Benito y Bicentenario criticaron la decisión de hacer esta obra sin antes arreglar el problema de los desniveles del barrio, la falta de cloacas, cordón cuneta en las calles y las permanentes inundaciones que sufren permanentemente esa barriada. Pero las mayores críticas recayeron en el responsable del Instituto, por haber “usado” la obra del acceso para hacerse ver políticamente ante la opinión pública y luego que debieron levantarla, no dar la cara y mandar a un empleado del IDUV a explicar el problema.

¿Por qué mintieron?

El Ingeniero Báez dijo, por ejemplo “La obra todavía está en ejecución y financieramente no está cerrada, por eso cualquier trabajo que no esté dentro del pliego licitatorio como corresponde se objetará y por ende se le comunica a la empresa para que realice los arreglos”, una clara mentira dicha en voz alta, porque la obra había sido “cerrada” y de hecho inaugurada sosteniendo su finalización.

Explicó que “hubo sedimento de las bases en algunos sectores que nos trajo la consecuencia de levantar la superficie de carpeta asfáltica públicamente visible” y luego armó todo un escudo dialéctico para decir que si la empresa lo había hecho mal, el IDUV le exigiría la entrega en tiempo y forma. Todo una gran mentira. El IDUV no exige nada, porque es parte del problema.

OPI tuvo acceso a los certificados de Obra del acceso a Calle 13 y del mismo se desprende que la obra entregada a Bettel SRL se hizo por un precio total de $ 5.616.240,29 y contrariamente a lo expresado por Grasso, quien aseguró que no se había certificado nada (excusa para dejar abierta la posibilidad de reclamo ante la empresa), la mentira se desmorona al corroborar en el Certificado de Obra Nº 5, emitido días antes de su inauguración (Junio 2018) en base a la inspección final de la misma, estaba certificada (en teoría terminada y cobrada) en un 91% promedio.

En este sentido hasta ese momento se habían certificado los siguientes conceptos:

* Red Vial 95,5 %

* Movimiento de suelo 97,5 %

* Limpieza de obra 40,9 %

* Trabajos preparatorios 88,8 %

Un dato curioso y no menos importante: si como dijo Grasso, la obra no estaba “certificada”, ¿Cómo y en base a qué le pagó a Better SRL el 91% de la obra?

Si como dijo Grasso, “haría cargo a la empresa Bettel SRL de rehacer la obra” ¿La hará con el 9% restante? ¿O el IDUV la “compensará” con otra obra para afrontar la “pérdida”?.

Dijo Báez “la política del Instituto marca que la obra debe estar en condiciones y si hay errores o irregularidades debe arreglarse, por eso estamos exigiendo a la empresa que se haga cargo ya que de lo contrario seguramente desde el IDUV se tomarán las medidas pertinentes”.

La duda existente es si la obra se pagará dos veces y si los sobreprecios que el IDUV incluyó en este “acceso” donde se amplió el asfalto de la ruta principal, se agregaron reductores de velocidad, señales reflectantes y algunas luces, por más de 5.5 millones de pesos, volverá a cargar sobre los bolsillos de todos los contribuyentes sin que ningún órgano auditor, aparezca reclamando una investigación seria por los fondos invertidos por el IDUV. (Agencia OPI Santa Cruz)

 


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