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8 de marzo de 2018
No hay persecución política, acá hay funcionarios públicos que robaron.
Móvil Diego Andrade, diputada por encuentro ciudadano profesora Gabriela Mestelan.

Atento a la gravedad institucional que significa para esta legislatura recibir por parte de la justicia el pedido de desafuero nada más y nada menos que del presidente de la bancada oficialista (FPV), solicite que se guarde en secretaría para ser leída en el recinto. Esto generó la ofuscación de más de un diputado, fueron a lo que dice el reglamento ya que estamos en una legislatura, utilizando el reglamento cuando les conviene, y con la excusa que hay que votar la lectura, cosa que no ocurre muy a menudo se votó el pase directo a comisiones, me pareció importante leerlo porque entiendo que urge no solo que esto se trate, no podemos pensar que para un caso de desafuero tenemos 180 días, dos meses para decidir si se acepta o no el pedido de desafuero de alguien que está en realidad sospechado por haberle robado al Estado.

Esto es inaceptable así como es inaceptable que el oficialismo insista con que se trata de un preso político, lo que tenemos que decir que acá hay un político preso, porque ciertos funcionarios públicos cometieron un delito común, robarle al Estado, nos robaron a todos nosotros sobrando pruebas, entendiendo también que la prisión preventiva es una figura jurídica que tiene como finalidad cuidar tres cosas sobre todo en funcionarios públicos. En principio que no se vayan, en segundo lugar que no obstruyan la investigación, y por otro lado que no destruyan pruebas. Desde este lugar no hay una persecución política, acá hay un intento de investigación que todos acompañamos, independientemente de cuando llegó este pedido que nosotros tenemos es absolutamente claro, la justicia tiene que actuar y otra cosa que hay que resolver el drama que se está viviendo en la Cuenca Carbonífera, una cosa no puede tapar la otra.

Nosotros no podemos aceptar el argumento del oficialismo diciendo que se trata de persecución política, acá hay funcionarios públicos que han cometido delito, y que por lo tanto amerita esta figura que inclusive está establecida en código procesal penal de la nación y de nuestra provincia.

 



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