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30 de enero de 2018
El 1º de febrero se reactivan las causas, y regresan las investigaciones con mal manejo de la obra pública de la causa YCRT.
Con el fin de la feria judicial,Buenos Aires el jueves 1 de febrero, la Justicia volverá al ruedo y con eso regresarán las investigaciones acerca del supuesto mal manejo en la obra pública en Santa Cruz y la “administración fraudulenta” en YCRT.

Como anticipo, el viernes la Dirección Nacional de Vialidad presentó ante el juzgado del juez Julián Ercolini una demanda civil de 22.500 millones de pesos contra Cristina Kirchner.

Se trata de la misma causa en la que la ex presidenta había solicitado la semana pasada al juez Ercolini que la elevara a juicio oral. Allí, Cristina Kirchner es investigada por sobreprecios en la obra pública al considerarla “coautora penalmente responsable del delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública”.

Con el fin de la feria judicial, el próximo jueves esta y otras causas volverán rápidamente al ruedo.

Un adelanto fue la demanda civil por 22.500 millones de pesos que realizó el viernes pasado la Dirección Nacional de Vialidad contra la actual senadora y el ex ministro de Planificación Julio De Vido.

Ante Ercolini, la asesoría legal de la Vialidad, a cargo de Javier Iguacel, hizo esa presentación con “con el objetivo de recibir resarcimiento económico por las concesiones de obras públicas”.

La demanda alcanza además al diputado suspendido Julio De Vido -detenido en Marcos Paz-, al ex secretario de Obras Públicas José López -preso en Ezeiza- y a Nelson Periotti, ex administrador general de Vialidad Nacional.

Según confirmaron fuentes judiciales, cuando concluya la feria Ercolini trasladará la denuncia a los demandados para que la puedan contestar y luego enviaría la causa por el presunto direccionamiento de la obra pública en favor de Lázaro Báez a juicio oral.

 

YCRT

Otras causas que se retomarán con celeridad son las que encierran un supuesto mal manejo en el Yacimiento Carbonífero de Río Turbio.

Es que en los últimos días de diciembre, la Policía Federal allanó la Municipalidad rioturbiense en busca de información relacionada con las investigaciones.

El actual intendente de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, está implicado en dos causas.

En ambas es por su función como interventor de YCRT. Una de ellas es aquella en que el fiscal Carlos Stornelli pidió al juez federal Luis Rodríguez el procesamiento con prisión preventiva de Pérez Osuna, entre otros, por considerar que incurrió en “administración fraudulenta en perjuicio del Estado”.

Stornelli sugirió que los imputados “defraudaron al Estado”, al conformar “y materializar un ilícito sistema de contrataciones” que involucró al ex Ministerio de Planificación, a YCRT y a la UTN, tercerizando a través de la fundación de la universidad obras y compras, “de forma directa, sin sujeción a las normas en materia de contrataciones públicas”.

Y estimó que el perjuicio al Estado “fue superior a los $ 567 millones”, de los cuales sólo 265 millones fueron pagados en concepto de “comisiones y gastos administrativos” tanto a la fundación como a la Facultad Regional.

La segunda causa que se le endilga es por el manejo de un contrato firmado en 2012 por el entonces jefe comunal de esa localidad, Matías Mazú e Isolux Corsán, en el marco del programa de Responsabilidad Empresaria.

Entre los compromisos asumidos, se convenía la refacción del Pabellón N° 10 del barrio “Los Mineros” de la ciudad de Río Turbio, además de acometer la pavimentación y apertura de calles en el barrio “Los Mineros”, en la zona de los pabellones, hasta su conexión en la zona del Monumento al Minero.

Las reformas en el pabellón no se hicieron. Por la investigación iniciada, en los últimos días de diciembre la Policía Federal allanó el edificio municipal en busca de esa información.

Fuente: la prensa de Santa Cruz



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